Análisis sobre el
impacto social y económico que generaría la firma de un acuerdo de Paz en La
Habana
Por: David Cedano
Dada la importancia,
legitimidad y protagonismo que le ha dado el Gobierno Nacional a las Farc en estos
últimos Diálogos de Paz, bien sabremos que si se llegase a firmar cualquier
pacto tiene que ser bajo ciertos requisitos y criterios, que deben respetar
como mínimo lo estipulado por las normas del derecho internacional
humanitario. Sin embargo, las actuaciones violentas de las Farc
durante este proceso que empezó en febrero de 2012, nos hace contemplar la duda
de si estos miles de miembros que conforman las filas guerrilleras estarán en
condiciones de someterse pacíficamente a cooperar con su voluntad y acción para
hacer de Colombia un país justo, desarrollado, educado, competitivo, incluyente
y en paz.
Inicialmente, las
Farc insisten en llegar a un acuerdo concreto para sacar adelante una “política
de desarrollo agrario integral”, pues sus ideales de lucha se concentraron
supuestamente en la frontera agrícola. Pero, incoherentemente, en la
década de los 90’s la incursión guerrillera no solo se dio en el sector
agrícola sino en territorios que generaban riqueza agropecuaria y minera, como
Cundinamarca, Antioquía, La Guajira, Bolívar y Valle del Cauca. Hoy, la
propuesta de las Farc se lleva a cabo a través de 59 Zonas de Reserva
Campesinas ZRC solicitadas por ellos mismos al Gobierno para ser distribuidas a
lo largo del Territorio Nacional. Serán por tanto 59 zonas de distención en
donde los ‘’nuevos campesinos de las Farc’’ ejercerán control y a través ellas
se comprometerán supuestamente a favorecer al sector agrícola.
Pero, cuando se sabe
que hace dos semanas el Ejército Nacional, por ejemplo, desmanteló y
destruyó tres laboratorios de drogas ubicados en veredas cercanas a los
municipios de Cartagena del Chaira y Arauquita, es tácito estimar que los
terroristas de las Farc usarán esas 59 Zonas de Reserva Campesinas, entre
tantas razones, para continuar con su negocio ilícito.
La rentabilidad
económica e inmediata de una cadena de producción de drogas es mucho mayor en
comparación a la siembra y producción de bienes de primera necesidad que
necesita Colombia para abastecer el hambre aún y la demanda internacional
casada en los Tratados de Libre Comercio firmados en el actual gobierno y en
los acuerdos multilaterales firmados anteriormente. Las Farc cuentan hoy
con cerca de la mitad de los recursos del narcotráfico que pueden sumar
alrededor de 1.5% del PIB o sea que dispone de cerca de 0.7% del PIB, cerca de
$3.6 billones, unos US$1.700 millones para financiar las operaciones de cerca
de 10.000 hombres en armas.
El mismo Ministro de
Hacienda, Mauricio Cárdenas, por ejemplo, en un trabajo de 2007, resaltó que
desde la década de los 80’s hasta el 2005 la productividad decreció en un 2%
anual a causa del narcotráfico, de los carteles de Droga, de las Farc, el ELN y
los Paramilitares. Y si desde que empezaron los Diálogos de Paz en febrero de
2012 hasta hoy las Farc no han dejado el enriquecimiento ilícito a partir de la
producción y comercialización de drogas, vemos que no hay un panorama
promisorio en dicho acuerdo.
Las razones
anteriores previenen a los colombianos de las debacles económicas que
protagonizarán la guerrilla [nuevos campesinos] y el Gobierno Nacional, pues en
lugar de educar a los campesinos y\o guerrilleros rápidamente para suplir los
imperativos económicos planteados como la demanda nacional e internacional de
bienes de primera necesidad, se plantea en el objetivo general de las Zonas de
Reserva Campesina ‘’Dar a conocer la realidad histórica, política, económica,
social y cultural de las Zonas de Reserva Campesina’’.
La “política de
desarrollo agrario integral” tendrá asimismo un impacto de injusticia social
que se encuentra ya gestado en los territorios donde se ubicarán las Zonas de
Reserva Campesina, pues a sus ‘’habitantes’’ se les dará un estatus y
reconocimiento como sujetos políticos, con unos derechos y una cultura
histórica. Ésto se convierte en un eufemismo pues han sido los grupos al margen
de la Ley como Farc, ELN, Autodefensas, entre otros, quienes han sido los
principales actores en el Capítulo del Desplazamiento Forzado en Colombia. Es
legítimo que quieran reivindicarse y reincorporarse a la vida civil pero,
también es legítimo también el hecho que quieran apropiarse de tierras que le
pertenecieron a campesinos que hoy en día viven en las grandes ciudades
pidiendo limosnas con todas sus familias?
En una segunda
instancia, el Gobierno de Barack Obama reaccionó positivamente frente a las
acciones y esfuerzo de Juan Manuel Santos para resolver nuestro conflicto
interno, sin embargo fue el Gobierno Nacional el cual no dejó claras las
repercusiones internacionales de los Diálogos de Paz en La Habana.
Hoy teniendo claro
que el régimen cubano de los Castro ha sido calificado por Estados Unidos de
patrocinador del terrorismo y que ha apoyado a la FARC desde hace mucho tiempo,
además de resguardar a miembros activos de la ETA, nuestra economía
exportadora tiembla en vista de que aquellos Legisladores republicanos que
defendieron el TLC de Colombia con EEUU son quienes muy posiblemente están
buscando la forma de causar las sanciones necesarias que desestabilizarían no
solo nuestra posición política internacional sino nuestro compromiso
socioeconómico con los colombianos que se tienen que ver beneficiados con este
Tratado.
En tercer lugar, La
participación de los guerrilleros en la institucionalidad colombiana se haría
notoria en la Rama Ejecutiva y Legislativa, pero el enriquecimiento ilícito al
cual se han sometido durante décadas, ponen en jaque la participación política
de los guerrilleros, pues económicamente les conviene más delinquir que
trabajar honradamente bajo las normatividades estipuladas ya por los órganos
estatales de Colombia. Como muy bien lo reconoce INDEPAZ, las perspectivas
electorales de la Insurgencia son bastante negativas y puede no resultarles
especialmente atractiva dejar atrás la lucha armada. Deben haber facciones históricas
dentro de las FARC que consideran que no saben más que combatir y que ese es su
único medio de vida, que pueden seguir sosteniendo la misma paciencia que
los ha acompañado por más de 55 años que llevan constituidos.
Sin embargo las
ambiciones guerrilleras no acabarían ahí. La Constitución Política de Colombia
(Art. 232) establece que para ser magistrado en la Rama Judicial, no es
requisito haber hecho una carrera judicial durante diez años. Basta con un
título como abogado y con no haber sido condenado por sentencia judicial a pena
privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
En este orden de
ideas, extraño no sería que, en un futuro, Timochenco estuviera con las vestes
de un Juez de la República si se le indulta a él y a todos los guerrilleros de
haber cometido crímenes de lesa humanidad. La repercusión social que tendría
tal hecho podría generar innumerables manifestaciones violentas por parte de la
ciudadanía pues ‘’Timochenco y sus amigos’’ vendrían a procesar judicialmente
algo en contra de lo que nunca fueron juzgados.
Como dato relevante
sobre esta situación, es verdad que El auge de las guerrillas en los años
noventa condujo a que en este momento en Colombia gastemos cerca del 5% del PIB
en gasto de defensa y seguridad. Pero, donde este tipo de injusticias sociales
mencionadas se sucedan más adelante, contando aún con que guerrilleros
criminales igualmente ocuparían cargos ejecutivos y legislativos, el Estado
tendría que incrementar su gasto contra la violencia generada por la naciente
injusticia social de los Diálogos de Paz. Esta hipótesis acarrearía consigo
todas las consecuencias económicas que se desprenden del Gasto Público.
Y si con lo que está
escrito en la Constitución no fuese suficiente para que un guerrillero se
convierta en Juez, a través de dichos Diálogos de Paz, todo el artículo 232
podría sufrir las modificaciones que se quisieran inventar tal y como sucedió
con el Numeral 3 de dicho artículo, el cual se modificó con el propósito de
hacer las paces con el M 19. Quizá también, un ejemplo de ello es cuando desde
el Gobierno de Ernesto Samper se ha venido modificando el artículo 35 de la
Constitución Política prohibiendo y\o autorizando las extradiciones con el
propósito de que los mismos narcotraficantes se entreguen brindándoles
garantías y justicia en sus respectivos procesos.
Por último, es verdad
que la mejor vía para que haya paz en una nación es el diálogo, pero por un
lado los Diálogos del Gobierno con las Farc empezaron a escondidas del pueblo
colombiano en febrero de 2012 y por otro lado, desde esa época hasta hoy, no ha
habido el cese de hostilidades necesario por parte de la guerrilla sobre el
cual se es obligatorio firmar una verdadera paz.
Marta Lucía Ramírez,
Ex Ministra de Defensa, nos recuerda asertivamente que, después de más de un
año de diálogos en La Habana con los Jefes guerrilleros, en el territorio
nacional es la hora en que las Farc no han revelado la ubicación de las
minas antipersonales en las que día a día mueren decenas de inocentes; tampoco
se han comprometido a suspender la violencia sexual contra las mujeres como
arma de guerra ni el reclutamiento forzado de niños y jóvenes; menos aún han
suspendido sus medios de financiamiento a través de la producción y
comercialización de la cocaína ni la extorción contra personas naturales y
jurídicas, y continúan con sus ataques terroristas contra la población civil y
la fuerza pública.
Adicional a lo
anterior, para que haya un verdadero Acuerdo de Paz las Farc y los máximos
responsables de los crímenes de lesa humanidad y terrorismo deberán acatar la
aplicación de la verdad, justicia y reparación a las víctimas, pues donde el
Gobierno sea demasiado condescendiente y se deje manipular por las Farc,
quedarán impunes los crímenes mencionado. Esto causaría una bomba de tiempo
sobresaturada del odio por parte de las víctimas que han sufrido daños y
perjuicios por parte de este grupo insurgente.
La situación será
insostenible. Una coyuntura política siembre estará atravesada por factores
sociales y económicos. El acuerdo de Paz del Gobierno colombiano con las Farc
tienes sus causas y sus consecuencias que radican en esos dos pilares
fundamentales a través de los cuales se fundamenta el desarrollo de una nación.
Es verdad entonces que sí debe haber un punto final al conflicto armado en
Colombia pero, como el Papa Francisco lo dijo en su momento al referirse al los
diálogos de Paz ‘’Si en Colombia se está hablando de paz, que se hable con
verdad, caridad, perdón y justicia’’